miércoles, 21 de mayo de 2014

La Comisión aprueba el mapa de ayudas regionales de España para el período 2014-2020


La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, el mapa de concesión de ayudas regionales a la inversión de España para el período 2014-2020. El mapa se basa en las nuevas Directrices sobre ayudas de finalidad regional adoptadas por la Comisión en junio de 2013, que establecen las condiciones en las que los Estados miembros pueden conceder ayudas estatales a las empresas con fines de desarrollo regional. El objetivo de estas Directrices es impulsar el crecimiento y la cohesión en el mercado único.

El mapa de ayudas regionales de España define las regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales a la inversión y establece los importes máximos (denominadas «intensidades de ayuda») para las empresas de las regiones subvencionables. El mapa estará en vigor entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.

Las regiones designadas tienen una población total de 32,25 millones de personas, esto es, el 68,59 % de la población de España. Las intensidades de ayuda que pueden concederse a los proyectos de inversión regional realizados por grandes empresas en las regiones asistidas oscilan entre el 10 % y el 35 % de los costes de inversión totales, en función de la zona de que se trate. Estos porcentajes pueden incrementarse en 10 puntos porcentuales para las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas.

De conformidad con las Directrices regionales, las zonas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE o que sean regiones ultraperiféricas son prioritarias para las ayudas regionales a la inversión, puesto que la finalidad principal de las ayudas de finalidad regional es estimular el desarrollo de las regiones más desfavorecidas de Europa. Las regiones que entran en esta categoría representan el 6,9 % de la población de España y seguirán acogiéndose a ayudas regionales a la inversión con unas intensidades máximas de ayuda del 25 % (Extremadura) o del 35 % (Islas Canarias) de los costes subvencionables de los proyectos de inversión. Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía ya no entran en esta categoría, de acuerdo con el objetivo de concentrar la ayuda en las regiones más desfavorecidas. Con el fin de facilitar una transición sin problemas, estas regiones mantendrán una intensidad de ayuda más alta, cifrada en el 15 %, hasta finales de 2017. A continuación, se aplicará la intensidad máxima de la ayuda del 10 % para las regiones menos desfavorecidas.

Otras regiones desfavorecidas respecto a la media nacional o de la UE pueden acogerse a las ayudas regionales siempre que cumplan determinados criterios y respeten un límite máximo de cobertura de la población global. Esto permite a los Estados miembros hacer frente a sus propias disparidades regionales. Como estas regiones están en una situación menos desfavorecida que aquellas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE, tanto el ámbito geográfico como la intensidad de ayuda son limitados. Debido a la elevada tasa de desempleo, el 33 % de la población de España podrá acogerse a ayudas regionales a la inversión en esta categoría, con una intensidad máxima de ayuda del 10 %.

Esas regiones son las siguientes: Asturias, Cantabria, Castilla y León (excepto Soria), Comunidad Valenciana (excepto Valencia capital), Murcia, Ibiza y Formentera, Menorca, Ceuta y Melilla, así como zonas de Huesca y Zaragoza (excepto Zaragoza capital), Cataluña, Mallorca, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Navarra y el País Vasco.
Las intensidades máximas de ayuda para las ayudas regionales a la inversión en las regiones asistidas se han reducido ligeramente en comparación con los mapas de ayudas anteriores (en hasta 5 puntos porcentuales, según la región). Por otra parte, la cobertura de la población ha aumentado del 59,6 % en los mapas anteriores al 68,66 % en el nuevo mapa.

Contexto
Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional establecen las normas en virtud de las cuales los Estados miembros pueden conceder a las empresas ayudas estatales para apoyar las inversiones en nuevas instalaciones de producción en las regiones más desfavorecidas de Europa, o para ampliar o modernizar las instalaciones existentes. En última instancia, las ayudas estatales de finalidad regional aspiran a contribuir al desarrollo económico y el empleo. Estas Directrices sobre ayudas de finalidad regional contienen normas sobre cuya base los Estados miembros pueden elaborar mapas de ayudas regionales válidos durante todo el período de vigencia de las Directrices. Los mapas determinan las zonas geográficas en que las empresas pueden recibir ayudas estatales de finalidad regional y el porcentaje de los costes de inversión subvencionables (intensidad de ayuda). Los costes subvencionables son la parte de los costes totales de inversión que pueden tenerse en cuenta a efectos del cálculo de la ayuda.

El artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional definen esas zonas como las regiones con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE y las regiones ultraperiféricas. Además, al efecto de garantizar una transición sin problemas, las regiones que antes estaban por debajo del umbral del 75 % del PIB de la UE se seguirán predefiniendo a escala de la UE como subvencionables.

El artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado CE permite conceder ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional las definen como las regiones de un Estado miembro desfavorecidas en comparación con la media de la UE o la media nacional. Las Directrices establecen un límite de cobertura de población con el objetivo de concentrar la ayuda en las regiones más desfavorecidas. Esta cobertura de población se reparte entre los Estados miembros conforme a criterios socioeconómicos que tienen en cuenta las disparidades regionales, tales como el desempleo, tanto a escala nacional como de la UE. Compete a cada Estado miembro decidir en su mapa de ayudas regionales el mejor modo de utilizar este margen de maniobra para definir más zonas subvencionables con el fin de atajar sus disparidades regionales internas.


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